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LA CORTE GOLPEA LA MESA: ESCUELAS PRIVADAS YA NO PUEDEN EVITAR A LA PROFECO / MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 23 de Junio de 2026 a las 12:59pm

POR EL DR. GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE

La reciente decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un giro histórico en la protección legal de las familias que optan por la educación particular en México. A través de la resolución del Amparo Directo en Revisión 1762/2026, el máximo tribunal del país ha despejado una duda que durante décadas generó conflictos entre padres de familia e instituciones educativas.

EL FALLO DE LA CORTE
El fallo establece con claridad que las escuelas privadas, independientemente de su estructura legal, están sujetas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esto significa que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene plena facultad para intervenir, sancionar y vigilar las prácticas comerciales de estos planteles.

ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
El origen de esta controversia se remonta a una reclamación presentada por un padre de familia que solicitó el reembolso de gastos realizados en útiles escolares y otros conceptos. El conflicto escaló cuando, tras decidir que sus hijos no cursarían el ciclo escolar en esa institución, la escuela se negó a devolver las cantidades pagadas previamente.Ante la negativa, el ciudadano acudió a la Profeco para iniciar un proceso de conciliación, pero la institución educativa decidió no presentarse a la audiencia convocada por la autoridad. Esta actitud derivó en la imposición de una multa y el inicio de un procedimiento administrativo por posibles infracciones a la ley vigente.

ARGUMENTOS DE LA ESCUELA Y RESOLUCIÓN DE LA CORTE
La escuela fundamentó su defensa argumentando que su naturaleza de sociedad civil la eximía de las leyes comerciales, alegando que prestaba un servicio profesional educativo y no realizaba actos de comercio. Bajo esta lógica, pretendía ampararse en el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual excluye los servicios profesionales que no tengan carácter mercantil.Sin embargo, el Tribunal Pleno de la Corte desestimó estos argumentos al analizar la esencia de la interacción entre la escuela y el padre de familia.

Los ministros determinaron que el vínculo jurídico que une a ambas partes es, en los hechos, una relación de consumo plenamente identificable.La Corte señaló que no es indispensable que el proveedor sea un comerciante tradicional o que busque una especulación comercial desmedida. El criterio fundamental es la oferta habitual de un servicio a cambio de una contraprestación económica, condición que las escuelas privadas cumplen cabalmente.

IMPLICACIONES DEL FALLO
En este sentido, el padre de familia fue identificado como el consumidor o destinatario final, mientras que la escuela asumió el rol de proveedora al ofrecer servicios educativos de manera constante en el mercado. Este razonamiento cierra la puerta a las instituciones que intentaban evadir la supervisión de la Profeco mediante tecnicismos sobre su constitución legal.

SEPARACIÓN DE ÁMBITOS
Un punto crucial de la sentencia es la distinción que hace la Corte entre la regulación puramente educativa y la protección de los derechos económicos. Mientras que las autoridades educativas como la SEP se encargan de supervisar planes de estudio y validez oficial, la Profeco debe vigilar las condiciones contractuales y financieras. La intervención de una autoridad no excluye a la otra, ya que cada una opera en ámbitos distintos pero complementarios para el bienestar del ciudadano.

IMPORTANCIA PARA LAS FAMILIAS
Este precedente legal es de suma importancia en el contexto mexicano, donde miles de familias destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de colegiaturas y materiales. A partir de ahora, cualquier cláusula abusiva en un contrato de prestación de servicios educativos puede ser impugnada directamente ante la autoridad de consumo. La resolución también envía un mensaje contundente a las áreas administrativas de las escuelas particulares, las cuales deberán revisar sus procesos de atención y reembolso para evitar multas. Ignorar citatorios de la Profeco ya no será una opción viable.

NUEVA ETAPA DE TRANSPARENCIA
Este fallo del 22 de junio de 2026 marca el inicio de una nueva etapa de transparencia en el sector educativo privado de México. Los usuarios ahora cuentan con una herramienta legal robusta para hacer valer su dinero frente a servicios que no se concreten o cobros que consideren injustificados. Las escuelas deberán actualizar sus reglamentos internos y capacitar a sus representantes legales para enfrentar este nuevo escenario de supervisión dual.

RECOMENDACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA
Finalmente, se recomienda a todos los padres de familia conservar siempre sus comprobantes de pago, contratos firmados y cualquier comunicación oficial con la escuela. En caso de conflicto, la evidencia documental será la base para que la Profeco pueda actuar conforme a las facultades que la Suprema Corte le ha ratificado plenamente.

Este avance en la jurisprudencia mexicana fortalece el Estado de Derecho y equilibra la balanza en las relaciones de consumo que involucran servicios fundamentales como la educación. La decisión de la Corte es inapelable y de observancia general, marcando un hito en la defensa de los derechos de los consumidores en todo el territorio nacional.

LA FUERZA DEL PERDÓN

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 18 de Junio de 2026 a las 7:44pm

POR: GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE

El acto del perdón constituye uno de los pilares fundamentales para la evolución del espíritu humano, pues no representa simplemente un olvido pasivo de las ofensas, sino una transformación activa y profunda de nuestra realidad interna. Para comprender la magnitud de este proceso, es necesario invocar el concepto de Jutzpa, un término hebreo que describe un tipo de atrevimiento o audacia que desafía las convenciones lógicas. En el camino de la rectificación personal, la Jutzpa es esa fuerza que nos permite ser audaces para romper las cadenas del resentimiento y atrevernos a restaurar lo que parecía irremediablemente roto en nuestro interior.

Esta audacia no nace de la arrogancia, sino de una necesidad vital de liberar el alma de las cargas que impiden su ascenso hacia estados de mayor paz y claridad. En la vida cotidiana de las personas en México, donde los lazos familiares y sociales son tan estrechos, el perdón se convierte en un ejercicio de valentía que permite la continuidad de la armonía colectiva. Atreverse a perdonar es, en esencia, un acto de soberanía espiritual donde el individuo decide que su paz es más importante que la retribución por el daño recibido.

El Salmo treinta y dos, versículo cinco, nos ofrece una clave lingüística y mística fundamental para desentrañar el mecanismo del perdón a través de la frase Nasata Avon Chattati. Cada una de estas palabras contiene una carga energética que describe un paso específico en el proceso de liberación de la culpa y la restauración del orden divino en el corazón. La comprensión de estos términos no es solo intelectual, sino que requiere una meditación profunda sobre la naturaleza de nuestras acciones y sus consecuencias en el tejido de la realidad.

La palabra Nasata deriva de la raíz hebrea Nasa, que significa perdonar, pero que también posee el significado intrínseco de llevar o cargar. Esto nos revela que el perdón no es una eliminación mágica del hecho, sino un acto donde la carga de la falta es levantada y sostenida por una instancia superior de misericordia. Quien perdona, en cierta medida, tiene la valentía de llevar el peso del otro hasta que este puede ser transmutado, reflejando una capacidad de sacrificio y empatía que es propia de los espíritus más elevados.

El segundo componente, Avon, se refiere a la iniquidad o la culpa que se acumula como resultado de nuestras desviaciones y errores conscientes. La iniquidad actúa como un lastre que nubla el juicio y oscurece la percepción de la luz divina, creando una barrera entre el individuo y su propósito original. Por lo tanto, el reconocimiento del Avon es un requisito indispensable para que el proceso de Nasata pueda llevarse a cabo, pues no se puede levantar una carga cuya existencia no ha sido admitida previamente por el alma.

Finalmente, la palabra Chattati se traduce como mi pecado o mi error, lo cual sitúa la responsabilidad de la acción en el plano personal y directo. El pecado, desde esta perspectiva mística, es un error de puntería, un momento en el que el ser humano pierde de vista su objetivo espiritual y se desvía hacia caminos que generan dolor y separación. Al unir estos conceptos en la frase Nasata Avon Chattati, se establece un diálogo de honestidad total donde el ser reconoce su falta y solicita que la carga sea elevada por la mano divina.

La palabra hebrea Nasa es particularmente reveladora porque, además de significar perdonar y cargar, tiene la acepción de alzar o elevar. Esto sugiere que el acto del perdón es intrínsecamente un movimiento ascendente que saca al individuo de la profundidad de su dolor para colocarlo en un plano de mayor entendimiento. En la Gematría o numerología hebrea, la palabra Nasa tiene un valor de trescientos cincuenta y uno, un número que encierra un secreto matemático y teológico de gran relevancia.

Este valor de trescientos cincuenta y uno se vincula directamente con el Tetragrama sagrado, el nombre de cuatro letras Yud He Vav He, que representa la esencia misma de la divinidad y la existencia. El valor nominal del Tetragrama es de veintiséis, pero cuando realizamos una operación de expansión sumando todos los números enteros desde el uno hasta el veintiséis, el resultado es exactamente trescientos cincuenta y uno. Esta coincidencia numérica nos indica que el acto de alzar y el nombre divino son, en esencia, la misma energía manifestada en diferentes planos.

Lo anterior significa que cada vez que una persona realiza el acto de alzar su espíritu a través del perdón, está activando en su interior la totalidad de la energía contenida en el nombre divino. Es una integración completa de la misericordia y la justicia que permite que lo humano y lo sagrado se encuentren en un punto de equilibrio perfecto. El perdón deja de ser entonces un concepto abstracto para convertirse en una tecnología espiritual que permite al hombre participar en la obra de la creación mediante la rectificación de su propia voluntad.

El Salmo ciento cuarenta y cinco, versículo ocho, expande esta visión a través de la frase Janun Verajun Adonai Erej A Payim Ugdol Jased. Este pasaje describe las cualidades de la divinidad que el ser humano debe aspirar a emular en su propia vida para alcanzar la plenitud. Al calcular el valor numérico de todas las letras que componen este versículo, obtenemos un total de ochocientos setenta y seis, una cifra que en el sistema de correspondencias hebreas se vincula directamente con los conceptos de franqueza y sinceridad.

La sinceridad es la base sobre la cual se construye cualquier proceso auténtico de perdón, pues sin una franqueza total ante uno mismo y ante los demás, el acto se vuelve una máscara superficial. El valor ochocientos setenta y seis nos recuerda que para ser receptores y canales de la misericordia divina, debemos despojarnos de toda hipocresía y enfrentar la realidad de nuestras emociones con absoluta transparencia. Sólo desde un corazón sincero es posible emitir un perdón que tenga el poder de transformar la realidad y sanar las heridas más profundas.

Si analizamos de manera individual las palabras que integran este octavo verso del Salmo ciento cuarenta y cinco, encontramos una estructura de significados que guían al alma en su ascenso. La primera palabra del verso arroja una numerología de ciento catorce, valor que se asocia con las cualidades de la misericordia y la clemencia. Estos son los primeros atributos que debemos despertar en nuestro interior para suavizar el rigor del juicio y permitir que el flujo de la compasión comience a circular en nuestras relaciones.

La segunda palabra del pasuq tiene un valor de 260, el cual corresponde a la palabra amigo. Esto nos enseña que el objetivo último del perdón es restaurar la relación de amistad y cercanía, no sólo con los demás seres humanos, sino también con la fuente de toda vida. El perdón nos permite volver a ser amigos de la existencia, eliminando la enemistad y el conflicto que suelen surgir cuando nos aferramos al dolor y al deseo de venganza por las ofensas recibidas.

La tercera palabra del verso nos devuelve a la numerología de veintiséis, que es precisamente el valor de Hashem, el nombre impronunciable que rige el universo. La presencia de este número en el centro de la estructura del verso asegura que la divinidad es el eje central sobre el cual descansa todo acto de bondad y paciencia. Sin la conexión con este centro espiritual, nuestros esfuerzos por perdonar carecerían de la fuerza necesaria para sostenerse en el tiempo frente a las pruebas de la vida cotidiana.

La cuarta palabra del pasaje nos entrega un valor de 221, que se traduce en las imágenes de lo brillante y de la perla. Esta simbología es sumamente poderosa, pues una perla se forma a partir de una irritación o una herida dentro de una ostra, la cual responde cubriendo el dolor con capas de nácar hasta crear algo hermoso. De la misma manera, el perdón brillante es aquel que toma el dolor de la ofensa y lo transforma en una joya de sabiduría y luz que embellece el carácter del individuo.

La quinta palabra tiene una numerología de 131, relacionada con la capacidad de hospedar, ser fuerte y ser valiente. El perdón requiere la fortaleza de un guerrero y la valentía de un héroe para hospedar en el propio corazón a aquel que nos ha dañado, sin permitir que ese huésped destruya nuestra paz interna. Ser fuerte en este contexto no significa ser duro, sino tener la resiliencia necesaria para mantener el corazón abierto a pesar de las cicatrices que la vida nos ha dejado.

La sexta palabra del verso corresponde al número 43, que se traduce simplemente como la palabra grande. Esto nos indica que el perdón es un atributo de las almas grandes, de aquellas que han logrado trascender la pequeñez del ego y sus demandas de satisfacción inmediata. Quien perdona se vuelve grande porque su capacidad de contener y transformar la energía negativa lo sitúa por encima de las circunstancias mundanas, otorgándole una estatura moral y espiritual que pocos logran alcanzar.

Finalmente, la séptima palabra del verso arroja una numerología de setenta y dos, un número de gran importancia mística que se asocia con los conceptos de el interior, la causa, el cambio y la bondad. El valor setenta y dos nos habla de que el perdón debe ocurrir en lo más profundo de nuestro ser interior para que pueda ser una causa real de cambio en el mundo exterior. Esta bondad interna es la que finalmente sella el proceso de rectificación, permitiendo que el individuo se convierta en un agente de luz y paz para su entorno.

La integración de todos estos valores y conceptos nos permite ver el perdón como un sistema completo de ingeniería del alma. No es un evento aislado, sino una secuencia lógica que comienza con la audacia de la Jutzpa, pasa por el reconocimiento de la falta en el Salmo treinta y dos, y culmina en la manifestación de las cualidades divinas del Salmo ciento cuarenta y cinco. Cada número y cada palabra actúan como peldaños en una escalera que nos lleva desde la oscuridad de la iniquidad hasta el brillo de la perla espiritual.

En el contexto actual, donde la polarización y el conflicto parecen ser la norma, rescatar estas enseñanzas místicas es una necesidad urgente para la salud mental y espiritual de la sociedad. El perdón, visto como el acto de alzar la carga y transformarla en bendición, ofrece una salida viable a los ciclos de violencia y resentimiento que afectan a tantas familias y comunidades. Es un llamado a recuperar nuestra capacidad de ser sinceros y francos, dejando de lado las pretensiones que solo sirven para ocultar nuestras heridas sin sanarlas realmente.

La conexión entre el valor trescientos cincuenta y uno de la palabra Nasa y la suma de los números del uno al veintiséis nos recuerda que todo en la creación está interconectado por una armonía matemática perfecta. No hay coincidencia en el hecho de que elevarse y el nombre divino compartan la misma raíz energética, pues el propósito fundamental del hombre es precisamente elevar la materia hacia el plano de lo sagrado. Cuando perdonamos, estamos cumpliendo con esta misión cósmica de manera directa y efectiva.

La sinceridad, con su valor de ochocientos setenta y seis, actúa como el filtro que asegura que nuestras intenciones sean puras y que nuestra búsqueda de paz sea auténtica. En un mundo lleno de apariencias, la franqueza de reconocer nuestra propia vulnerabilidad es lo que nos permite conectar con la vulnerabilidad del otro, creando un puente de entendimiento que antes parecía inexistente. Esta franqueza es la que nos permite decir Nasata Avon Chattati con la convicción de que seremos escuchados y que nuestra carga será efectivamente levantada.

El perdón brillante como una perla, representado por el número doscientos veintiuno, nos enseña que el sufrimiento no es en vano si sabemos utilizarlo como materia prima para nuestra evolución. Cada desafío y cada traición pueden convertirse en la base de una nueva fortaleza, siempre y cuando tengamos la valentía de hospedar la experiencia sin dejar que nos amargue. La fuerza y la valentía del número 131 son las herramientas que nos permiten sostener este proceso hasta que la transformación sea completa y definitiva.

Al alcanzar la grandeza del número cuarenta y tres, el individuo ya no ve el perdón como una obligación moral impuesta desde afuera, sino como una expresión natural de su propio estado de conciencia. En este nivel, la bondad y el cambio del número setenta y dos fluyen de manera espontánea, convirtiendo a la persona en una causa de bienestar para todos los que la rodean. El perdón se vuelve entonces una forma de vida, una respiración constante que limpia el aire espiritual de cualquier rastro de negatividad o conflicto.

La enseñanza de los salmos y la precisión de la Gematría nos invitan a dejar de ver la religión como un conjunto de dogmas y empezar a verla como una guía práctica para la excelencia humana. Los valores numéricos no son solo curiosidades matemáticas, sino mapas que describen la topografía de nuestra propia alma y los senderos que debemos recorrer para alcanzar nuestra máxima expresión. Cada palabra estudiada en este artículo es una invitación a la acción, a poner en práctica la audacia de la Jutzpa en nuestras relaciones diarias.

En conclusión, el perdón es el acto más revolucionario que un ser humano puede realizar, pues tiene el poder de alterar el pasado, transformar el presente y asegurar un futuro lleno de luz. A través de la comprensión de términos como Nasata, Nasa y los atributos del Salmo ciento cuarenta y cinco, obtenemos la claridad necesaria para emprender este viaje con determinación. Que la franqueza y la sinceridad guíen cada uno de nuestros pasos, permitiendo que nuestra alma se alce con la fuerza de los trescientos cincuenta y uno y la paz de los setenta y dos.

Este camino de rectificación nos devuelve la dignidad de ser creados a imagen de lo divino, dándonos la oportunidad de ser misericordiosos como la fuente original es misericordiosa. Al final del día, lo que queda no es la memoria del daño, sino la brillantez de la perla que hemos cultivado en el proceso de sanación. Seamos pues audaces, seamos sinceros y permitamos que el perdón sea la causa que transforme nuestro interior y, por consecuencia, todo el mundo que habitamos.

ALERTA HEMISFÉRICA: LA PANDEMIA SILENCIOSA DEL ABUSO ECONÓMICO CONTRA LA VEJEZ EN MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 15 de Junio de 2026 a las 8:20pm

POR EL DR. GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un llamado urgente a los Estados de la región para fortalecer la protección del patrimonio de las personas mayores. La advertencia, emitida desde Washington este 15 de junio de 2026, pone el reflector sobre una crisis que en México ha alcanzado dimensiones alarmantes: la violencia económica y patrimonial contra los adultos mayores.

VIOLENCIA ECONÓMICA: UNA AMENAZA CADA VEZ MÁS SOFISTICADA

La violencia económica no es nueva, pero su sofisticación ha evolucionado al ritmo de la tecnología. La CIDH señala que el derecho a la propiedad y la seguridad económica de las personas mayores están bajo asedio constante. No se trata solo de robos aislados, sino de esquemas organizados que despojan a los adultos mayores de sus ahorros de toda una vida o de su única vivienda.En México, el problema se agrava por la combinación de una brecha digital profunda y la debilidad institucional en varias regiones. Esto facilita tanto el fraude cibernético como el despojo patrimonial mediante maniobras legales simuladas.

LOS FRAUDES DIGITALES, EL ARMA PREFERIDA DE LA DELINCUENCIA

Las estafas telefónicas, el robo de credenciales bancarias y las falsas inversiones son las denuncias más frecuentes ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Los delincuentes explotan la falta de familiaridad de muchas personas mayores con el mundo digital, presionándolas bajo supuestas emergencias familiares o prometiendo ganancias rápidas.Estos esquemas no solo generan pérdidas económicas, sino que atentan directamente contra la dignidad y la subsistencia de quienes ya no cuentan con ingresos laborales para recuperarse.

EL DESPOJO INMOBILIARIO Y LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

Uno de los flagelos más graves es el despojo inmobiliario. Redes de corrupción utilizan documentos falsos para transferir propiedades sin el conocimiento de sus legítimos dueños. En muchos casos, existe colusión con funcionarios de notarías y juzgados que validan procesos irregulares, dejando a los adultos mayores sin su hogar de forma irreversible.

EL ABUSO INTRAFAMILIAR: EL DOLOR MÁS PROFUNDO

La CIDH destaca con especial preocupación el abuso cometido por familiares cercanos. Manipulación emocional, coacción y engaños son utilizados para que los adultos mayores cedan el control de sus cuentas o firmen documentos que los despojan de sus bienes. Lo que debería ser un espacio de protección se convierte en el principal escenario de violencia.

LO BUENO

El pronunciamiento de la CIDH coloca el tema en la agenda nacional y obliga a las instituciones mexicanas a revisar sus protocolos.
Varios estados han tipificado el abuso patrimonial contra personas mayores como delito agravado, otorgando herramientas más fuertes a los jueces.
Organizaciones de la sociedad civil impulsan programas de alfabetización digital y educación financiera que están empoderando a los adultos mayores.

LO MALO

Las bandas criminales utilizan inteligencia artificial para clonar voces de familiares y generar documentos falsos cada vez más sofisticados.
Existe una grave carencia de estadísticas oficiales confiables. Muchas víctimas no denuncian por vergüenza o miedo.
La ausencia de una política nacional integral de educación digital inclusiva deja a millones de personas mayores expuestas.

LO FEO

La impunidad sistemática y la lentitud de la justicia. Personas de 80 y 90 años son desalojadas de sus hogares tras juicios fraudulentos que duraron años sin su conocimiento.
La normalización social del abuso intrafamiliar: “es cosa de familia” se escucha con frecuencia, invisibilizando un delito grave.
El impacto psicológico y físico devastador: depresión, aislamiento y deterioro acelerado de la salud que muchas veces conduce a la muerte prematura.

LLAMADO URGENTE DE LA CIDHLa Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (de la cual México es parte) obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia patrimonial.La Comisión insta a:

Fortalecer programas de alfabetización digital con enfoque en adultos mayores.
Crear unidades especializadas en fiscalías para delitos contra personas mayores.
Implementar medidas de protección inmediata (alertas bancarias, bloqueos preventivos y reversión expedita de transferencias fraudulentas).
Exigir a los bancos protocolos de seguridad reforzados para clientes vulnerables.

CONCLUSIÓNProteger el patrimonio de las personas mayores no es un acto de caridad, es una obligación de derechos humanos y una cuestión de dignidad nacional. México no puede seguir permitiendo que quienes construyeron el país terminen despojados en su vejez por estafadores, familiares inescrupulosos o funcionarios corruptos.La seguridad económica es base de la autonomía en la tercera edad. Sin ella, desaparece la libertad. Es momento de pasar de los pronunciamientos a acciones concretas, firmes y urgentes. La vejez digna no puede seguir siendo un lujo en México.

DECRETAZO MUNDIALISTA: ¿ESTRATEGIA DE VANGUARDIA O PARÁLISIS OBLIGADA POR EL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO?

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 9 de Junio de 2026 a las 7:13pm

POR EL DR. GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE

La Ciudad de México se encuentra nuevamente en el epicentro del deporte global. Con la publicación del decreto presidencial este 9 de junio de 2026, el Gobierno Federal ha trazado una hoja de ruta administrativa para enfrentar el desafío logístico que representa la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. Esta medida no es solo un protocolo diplomático, sino una intervención directa en la dinámica operativa de una de las metrópolis más complejas del mundo.El documento oficial establece acciones contundentes para el próximo 11 de junio, fecha en la que el Estadio Azteca volverá a hacer historia. La prioridad es clara: evitar el colapso de la movilidad y garantizar que los servicios esenciales no se vean interrumpidos por la marea de visitantes nacionales y extranjeros que ya inundan las calles de la capital mexicana.

UNO DE LOS PUNTOS MÁS SIGNIFICATIVOS se encuentra en el Artículo Tercero, que ordena la suspensión total de clases en la Ciudad de México. Esta medida abarca desde el nivel preescolar hasta el superior, incluyendo escuelas públicas y privadas. La decisión busca retirar de la circulación a millones de personas, liberando las arterias viales para el flujo de delegaciones y servicios de emergencia. Desde una perspectiva social, esta pausa educativa representa un alivio para los padres de familia que enfrentan trayectos habituales de varias horas, aunque también supone un reto de organización en los hogares. El impacto se sentirá en cada rincón de la ciudad, desde las zonas escolares periféricas hasta el congestionado sur de la urbe, donde se ubica el recinto mundialista.

Paralelamente, el Artículo Primero instruye a la Administración Pública Federal a implementar esquemas de teletrabajo o modalidades flexibles. Esta disposición es una evolución administrativa que aprovecha las herramientas digitales para mantener la gobernanza sin saturar el espacio físico. Es, en esencia, un experimento masivo de eficiencia gubernamental bajo presión extrema. Sin embargo, el decreto es cuidadoso al listar las excepciones. Los servicios de salud, protección civil, seguridad nacional y aduanas no se detienen. Estas áreas, consideradas la columna vertebral del Estado, deberán operar con normalidad o incluso con refuerzos, garantizando que la fiesta deportiva no comprometa la integridad de los ciudadanos ni el orden público.

En cuanto al sector privado, el Artículo Segundo lanza un exhorto para unirse a esta modalidad de trabajo a distancia. Aunque no es una obligación legal para las empresas particulares, el mensaje es un llamado a la responsabilidad social corporativa. El impacto económico de este exhorto dependerá de la voluntad de las cámaras de comercio y de la capacidad tecnológica de las pequeñas y medianas empresas.

EL ANÁLISIS ECONÓMICO sugiere un escenario de contrastes. Por un lado, la parálisis administrativa parcial y el cierre escolar podrían interpretarse como un freno a la productividad tradicional. Por otro, el sector de servicios y turismo espera una derrama económica sin precedentes, compensando con creces la pausa en otros sectores menos dinámicos durante este periodo. La movilidad urbana es el eje transversal de todo el decreto. Con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial como respaldo, el gobierno busca mitigar los riesgos de accidentes y bloqueos. El transporte público masivo, como el Metro y el Metrobús, se enfrentará a una demanda atípica que requerirá una gestión logística de precisión quirúrgica para evitar incidentes.

La infraestructura crítica también está bajo la lupa. El decreto menciona explícitamente la supervisión de servicios de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. En un evento de esta magnitud, cualquier falla técnica escalaría rápidamente a un problema de imagen internacional, algo que el Estado mexicano busca evitar a toda costa. Es relevante destacar el contenido del Transitorio Segundo, el cual estipula que no se autorizarán recursos adicionales para cumplir con estas medidas. Esto significa que las dependencias deben ser creativas y eficientes con su presupuesto ya aprobado, eliminando cualquier posibilidad de gasto extraordinario bajo la excusa de la emergencia mundialista.

Este enfoque de austeridad operativa pone a prueba la capacidad de gestión de la actual administración. Se trata de organizar un evento de clase mundial sin inflar el gasto corriente, apostando totalmente a la planeación y al uso de tecnologías de la información que ya forman parte de la estructura gubernamental post-pandemia. La dimensión histórica no puede ignorarse. México se convierte en el primer país en albergar tres inauguraciones mundiales. La narrativa periodística debe reconocer que el decreto del 9 de junio es también un documento de identidad nacional, donde se prioriza la seguridad y la hospitalidad por encima de la rutina burocrática convencional.

En el ámbito internacional, la capacidad de respuesta de la Ciudad de México será analizada por inversores y organismos globales. Un desarrollo fluido de las actividades del 11 de junio enviará una señal de estabilidad y madurez administrativa, factores clave para la atracción de capitales en el mediano plazo más allá del ámbito deportivo. No obstante, el reto migratorio y aduanero mencionado en el inciso b del Artículo Primero sugiere que el control de fronteras y el flujo de personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México serán puntos de fricción. La coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades de migración será vital para que el ingreso de miles de aficionados sea ordenado.La columna vertebral de este decreto es la prevención. Al anticiparse dos días a la inauguración, el Ejecutivo Federal busca que la ciudadanía asimile las restricciones y ajuste sus agendas. No es una medida improvisada, sino un intento de diseñar una ciudad funcional dentro de una ciudad en fiesta, un equilibrio difícil de alcanzar pero necesario. La transición hacia lo digital que propone el gobierno federal para sus empleados podría servir como un modelo permanente si los resultados de productividad son favorables. Este 11 de junio no sólo se pondrá a prueba el césped del Estadio Azteca, sino la infraestructura digital del gobierno mexicano y su capacidad de mantener el servicio al ciudadano de forma remota.

Las críticas no se han hecho esperar por parte de algunos sectores que ven en la suspensión de clases una interrupción innecesaria del ciclo escolar. Sin embargo, el análisis de impacto vial sugiere que sin esta medida, el tiempo de traslado en la zona metropolitana podría triplicarse, imposibilitando incluso el movimiento de vehículos de emergencia. En resumen, el decreto es un balance entre el derecho a la movilidad y la necesidad de seguridad nacional. Es una pieza legislativa temporal con implicaciones profundas en la vida diaria de millones de personas, diseñada para que el mundo vea lo mejor de México mientras la maquinaria interna del país sigue girando, aunque sea desde casa.El 11 de junio será un día atípico, una fecha en la que el silencio en las escuelas y oficinas se contrastará con el rugido en los estadios y plazas públicas. La Ciudad de México se prepara para demostrar que puede ser una sede de vanguardia, capaz de pausar su ritmo habitual para dar paso a un momento histórico que quedará grabado en la memoria colectiva.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DEL DECRETO

LO BUENO: La apuesta decidida por el teletrabajo y el uso de tecnologías para reducir el caos vial, demostrando una administración moderna que prioriza la seguridad vial y la movilidad. La suspensión de clases, aunque drástica, es la medida más efectiva para garantizar que las arterias de la ciudad no colapsen totalmente durante el evento.

LO MALO: El exhorto al sector privado carece de carácter obligatorio, lo que podría generar confusión y disparidad entre los trabajadores que deberán desplazarse y aquellos que podrán quedarse en casa. Además, la falta de presupuesto adicional para las dependencias podría presionar operativamente a áreas que ya trabajan al límite de su capacidad.

LO FEO: La parálisis educativa forzada en una ciudad que aún arrastra rezagos pedagógicos, sumado a la carga que representa para las familias que no tienen opciones de cuidado para sus hijos mientras ellos deben cumplir con sus jornadas laborales en sectores que no permiten el trabajo remoto.

EL AMOR YA NO TIENE PLAZO: SUPREMA CORTE AMPARA A PAREJAS EN CONCUBINATO / MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 5 de Junio de 2026 a las 6:26pm

POR EL DR. GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE.

El máximo tribunal de justicia en México ha marcado un antes y un después en la protección de los derechos familiares al dictar una sentencia que rompe con décadas de rigidez administrativa en el sistema de seguridad social. En una decisión que pone la dignidad humana por encima de los plazos burocráticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tiempo ya no será un obstáculo para que las parejas en concubinato accedan a sus derechos.

La discusión central se enfocó en el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, una normativa que durante años impuso una condición que muchos consideraban injusta. Este artículo exigía que, para reclamar una pensión por viudez en una relación de concubinato, la persona sobreviviente debía acreditar haber vivido al menos cinco años con el asegurado antes de su fallecimiento.

Durante la sesión del pleno realizada el 4 de junio de 2026, los ministros concluyeron que esta exigencia es inconstitucional. El argumento principal radica en que el Estado no puede ni debe castigar a las personas basándose en su estado civil o en la modalidad que eligieron para formar un hogar y una vida en común.

La sentencia sostiene que imponer una carga de tiempo tan específica a quienes viven en concubinato, en comparación con quienes están casados, representa una diferencia de trato injustificada. Mientras que el matrimonio otorga el derecho de forma inmediata, el concubinato se veía sometido a una espera que muchas veces dejaba en el desamparo a familias legítimas.

Para la Suprema Corte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al señalar que se deben tutelar todas las formas de organización familiar. Esto significa que el modelo de familia tradicional no tiene una jerarquía superior sobre las uniones de hecho, y ambas merecen la misma protección jurídica ante la ley.

Un punto fundamental de este fallo es el vínculo que existe entre el estado civil y la libertad personal. Los ministros destacaron que cada individuo tiene la autonomía para decidir cómo organizar su vida afectiva sin que esto implique perder protecciones básicas como la seguridad social, que es un derecho humano irrenunciable.

Al obligar a las parejas a cumplir con un plazo forzoso de cinco años, la ley estaba afectando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este concepto legal protege la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones sobre su vida privada sin interferencias arbitrarias por parte del Estado o de instituciones como el IMSS.

La decisión del máximo tribunal no significa que ya no se deba probar la existencia de la relación, sino que el método para hacerlo debe cambiar. Ya no se trata de contar días y meses en un calendario, sino de demostrar la realidad de una vida compartida basada en el afecto y el apoyo mutuo.

La Suprema Corte precisó que el concubinato es una situación de hecho que se manifiesta a través de la solidaridad, el consentimiento y la búsqueda de un bienestar común. Por lo tanto, su demostración debe ser flexible y no puede estar sujeta a formalismos rígidos que no reflejan la complejidad de las relaciones humanas actuales.

El caso que llegó hasta la máxima instancia judicial fue el de una mujer a quien el Instituto Mexicano del Seguro Social le negó la pensión. La institución argumentó que ella no cumplía con el requisito de haber hecho vida en común durante el quinquenio previo a la muerte de su pareja, dejando de lado la realidad de su convivencia.

Inconforme con esta respuesta, la solicitante decidió iniciar un juicio de amparo, reclamando que la norma era discriminatoria. Tras un largo proceso legal, el expediente identificado como Amparo en Revisión 408/2025 fue atraído por la Corte para sentar un precedente que beneficiará a miles de mexicanos en situaciones similares.

Al resolver el amparo, el tribunal confirmó la sentencia que protege a la mujer y ordenó que su solicitud de pensión sea resuelta de inmediato. La autoridad correspondiente ahora está obligada a ignorar el requisito de los cinco años y enfocarse en las pruebas de convivencia presentadas por la beneficiaria.

Este fallo es un recordatorio para todas las instituciones públicas de que el acceso a la seguridad social debe garantizarse sin discriminación alguna. Los requisitos legales no deben convertirse en barreras que impidan el ejercicio de los derechos, especialmente cuando se trata del sustento de quienes han perdido a su pareja.

La justicia mexicana reafirma con esto que la protección de la familia no depende de un papel o de un contrato matrimonial. La protección constitucional es amplia y debe adaptarse a las realidades sociales donde el concubinato es una opción de vida elegida por millones de personas en todo el territorio nacional.

Expertos en materia de seguridad social señalan que este precedente obligará al IMSS y a otras instituciones de salud a revisar sus criterios internos. La modernización de la justicia exige que las reglas del pasado se ajusten a los principios de derechos humanos que rigen el presente de nuestra nación.

La solidaridad y el auxilio recíproco son ahora los pilares para validar una unión de hecho ante los ojos de la ley. Esta visión humanista permite que las viudas y viudos en concubinato no queden en la vulnerabilidad económica tras la pérdida de su compañero o compañera de vida.

La eliminación de plazos fijos es un avance en la lucha contra la burocracia que tradicionalmente ha dificultado los trámites de pensión. Ahora, cualquier medio de prueba que demuestre una relación estable será suficiente para que el Estado cumpla con su obligación de proteger al sobreviviente.

Con esta sentencia, México se posiciona a la vanguardia en el reconocimiento de la diversidad familiar en América Latina. La Corte envía un mensaje claro: la familia es el núcleo de la sociedad y su protección es absoluta, independientemente de la forma jurídica que los ciudadanos decidan darle.

Las autoridades administrativas deberán, a partir de ahora, evitar cualquier interpretación que restrinja injustificadamente estos derechos. La Constitución está por encima de cualquier reglamento institucional, y la dignidad de las personas es el límite que ninguna ley secundaria puede traspasar.

Este histórico Amparo en Revisión 408/2025 queda registrado como una victoria para la justicia social en México. Es un paso firme hacia un sistema de seguridad social más humano, donde el amor y la convivencia real valen más que un plazo de tiempo arbitrario establecido en un viejo código legal.

Adiós a la discrecionalidad: Así debe calcularse la compensación económica con perspectiva de género según la SCJN / México

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 23 de Mayo de 2026 a las 1:13pm

La compensación económica en divorcios con separación de bienes ya no se decide de forma arbitraria. La Duodécima Época obliga a los jueces a aplicar perspectiva de género y analizar nueve elementos clave para calcularla. Conoce tus derechos y cómo exigir una indemnización justa por el trabajo doméstico.

LA MOTIVACIÓN REFORZADA Y EL FIN DEL LUCRO EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 22 de Mayo de 2026 a las 3:45pm

POR: GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE

El derecho de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se erige como una herramienta de control ciudadano esencial en cualquier democracia moderna. No obstante, su ejercicio ha enfrentado históricamente barreras económicas impuestas a través de las Leyes de Ingresos municipales, las cuales suelen disfrazar impuestos bajo la figura de derechos por servicios.Recientemente, el Pleno de la Suprema Corte ha emitido criterios de observancia obligatoria que redefinen la relación entre el fisco municipal y el ciudadano solicitante. A través de las tesis jurisprudenciales P./J. 82/2026, P./J. 83/2026 y P./J. 84/2026, el máximo tribunal establece un estándar de motivación reforzada que el legislador debe cumplir para justificar cualquier cobro derivado de la reproducción de información.El principio de gratuidad es la piedra angular de estas resoluciones. Este principio no implica necesariamente que todo insumo deba ser absorbido por el Estado, sino que el cobro permitido se limite estrictamente al costo de los materiales utilizados. Cualquier monto que exceda este parámetro se considera una carga económica que obstaculiza el derecho fundamental y, por ende, es inconstitucional.En la tesis P./J. 82/2026 (12a.), la Corte introduce la exigencia de la motivación reforzada. Esto significa que el legislador ya no puede simplemente fijar una tarifa por arbitrio. Ahora, debe existir un proceso deliberativo transparente donde se explique la metodología utilizada para establecer la cuota, demostrando que existe una base objetiva y razonable sobre los insumos (papel, tóner, discos).La importancia de esta motivación radica en que permite a los órganos jurisdiccionales realizar un control de constitucionalidad efectivo. Sin una explicación clara de cómo se llegó a una cifra, los tribunales se ven imposibilitados para verificar si la norma respeta el límite del costo material o si, por el contrario, busca generar un beneficio económico para la hacienda pública.El Estado mexicano tiene prohibido obtener un lucro o ganancia derivado del ejercicio de derechos humanos. Cuando una Ley de Ingresos establece cuotas elevadas, estas dejan de ser derechos y se convierten en sanciones encubiertas por solicitar información, lo cual es incompatible con los estándares internacionales de transparencia.Un aspecto innovador se encuentra en la tesis P./J. 84/2026 (12a.), relativa a la digitalización. El Pleno determinó que cobrar por el acto de convertir un documento físico a un archivo digital, o por grabarlo en un dispositivo (CD, DVD o USB) aportado por el solicitante, viola flagrantemente la Constitución.

La razón es técnica y jurídica: la digitalización no implica que la información se materialice de una forma que genere un gasto adicional de insumos para el ayuntamiento. Al ser un proceso electrónico, el costo marginal es tendiente a cero. Además, si el ciudadano entrega el medio magnético, el Estado no está erogando gasto alguno en materiales.Cobrar por "hoja digitalizada" se interpreta entonces como un cobro por la búsqueda de información. Este concepto ha sido reiteradamente invalidado, ya que el personal de las unidades de transparencia ya recibe un salario para realizar dichas funciones. Gravar la búsqueda es, en esencia, condicionar el derecho a la capacidad económica del individuo.La discriminación por condición económica es otra arista abordada. Al imponer costos injustificados, se crea una brecha donde solo quienes poseen recursos pueden acceder a la verdad pública. Esto vulnera el principio de no discriminación y el carácter universal de los derechos humanos.Por otro lado, la tesis P./J. 83/2026 (12a.) analiza un caso de inequidad tributaria en el municipio de Jacona, Michoacán. Resulta paradójico que el legislador local pretendiera cobrar $15.00 por página a estudiantes, mientras que al público general se le cobraba $4.00.Este criterio de la Corte es tajante: la calidad de la persona (en este caso, ser estudiante) no puede ser un factor para elevar el costo de un servicio público. Los derechos por servicios deben ser proporcionales al costo del servicio prestado, no a las características subjetivas del usuario o a la finalidad (educativa) de la solicitud.Dicha diferenciación carece de racionalidad legislativa. No existe una razón técnica que explique por qué una fotocopia para un estudiante es más cara de producir que una para cualquier otro ciudadano. Al no guardar relación con el gasto efectivamente erogado, se violan los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV constitucional.La resolución de estas acciones de inconstitucionalidad envía un mensaje claro a los Congresos Estatales: la facultad recaudatoria no es absoluta y no puede pasar por encima de los derechos fundamentales. La técnica legislativa debe evolucionar hacia una mayor precisión administrativa y sustento económico.Es común que los municipios utilicen estas cuotas como una "caja chica" para cubrir déficits operativos. Sin embargo, la jurisprudencia de la 12a Época cierra la puerta a estas prácticas, obligando a las autoridades a profesionalizar sus criterios de cobro y a priorizar la gratuidad en el entorno digital.Para los abogados y consultores, estos criterios son fundamentales en el litigio estratégico. Cualquier cobro que no cuente con la motivación reforzada descrita en el Acuerdo General Plenario 7/2025 es susceptible de ser combatido mediante el juicio de amparo, utilizando como concepto de violación la falta de base objetiva en la tarifa.Asimismo, los municipios deben revisar sus Leyes de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal. La omisión de estos criterios resultará en una cascada de reveses judiciales y la posible responsabilidad administrativa para quienes sigan aplicando cobros declarados inconstitucionales por el máximo tribunal.El impacto de la digitalización es irreversible. La Corte reconoce que en un mundo donde la información fluye de manera electrónica, el Estado debe facilitar la entrega en estos formatos sin pretender recuperar costos inexistentes o ficticios.La transparencia no puede tener un precio etiquetado por el legislador de manera arbitraria. La justificación de la Corte refuerza que la entrega de información es una obligación prestacional del Estado que ya se sufraga a través de los impuestos generales.En conclusión, la Duodécima Época marca un hito en la protección del ciudadano frente a la voracidad fiscal de los órdenes locales de gobierno. La exigencia de una motivación reforzada no es un formalismo, sino una garantía de que el acceso a la información será, en la medida de lo posible, gratuito y expedito.El fortalecimiento de la seguridad jurídica se logra cuando las reglas del juego son claras. El ciudadano ahora tiene la certeza de que, si se le pretende cobrar por acceder a documentos públicos, dicho cobro debe estar plenamente sustentado en la realidad económica del insumo, y nunca en el beneficio estatal.Finalmente, el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como promovente de estas acciones destaca la importancia de los órganos autónomos en la vigilancia de la regularidad constitucional de las leyes locales.Este análisis detallado de las tesis 82/2026, 83/2026 y 84/2026 demuestra que la Corte ha optado por una visión garantista, donde el derecho a saber prevalece sobre el interés recaudatorio, consolidando así un Estado de Derecho más robusto para México.LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

LO BUENO: La consolidación de la motivación reforzada como un estándar obligatorio. Esto obliga a los legisladores a ser más técnicos y transparentes en sus procesos, impidiendo cobros arbitrarios y protegiendo el bolsillo de los ciudadanos y estudiantes en todo el país. Además, se reconoce la digitalización como un proceso que debe ser esencialmente gratuito si no hay gasto de materiales.

LO MALO: La persistente necesidad de llegar hasta la Suprema Corte para corregir leyes de ingresos que, año con año, repiten los mismos vicios de inconstitucionalidad. Esto satura el sistema judicial con temas que deberían estar resueltos desde la técnica legislativa básica en los Congresos Estatales.

LO FEO: La detección de normas, como la de Jacona, Michoacán, que discriminan activamente a sectores vulnerables o específicos, como los estudiantes, cobrándoles casi cuatro veces más que al resto de la población. Resulta alarmante que, en pleno 2026, existan legislaturas que intenten lucrar con la necesidad educativa y el ejercicio de un derecho humano fundamental.

RESUMEN DEL ARTÍCULOEl presente estudio analiza la reciente jurisprudencia del Pleno de la SCJN (12a Época) que establece límites estrictos a los cobros por acceso a la información pública. Se destaca que:

El legislador debe ofrecer una motivación reforzada y objetiva para cualquier tarifa de reproducción, prohibiéndose el lucro.
Es inconstitucional cobrar por la digitalización de documentos o por la entrega en medios magnéticos proporcionados por el usuario.
Se invalidan cobros diferenciados que afectan a estudiantes, por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

En conjunto, estos criterios protegen la gratuidad del derecho a saber y exigen una mayor calidad en la redacción de las Leyes de Ingresos en México.

Justicia de papel y dignidad Trans: El precedente que Desnuda la negligencia del Estado en el AR 180/2022 / MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 23 de Marzo de 2026 a las 7:42pm

México se enfrenta a una realidad innegable y dolorosa: la violencia sistemática contra las personas trans. Esta columna no solo analiza una sentencia, sino el reflejo de un sistema que ha decidido, históricamente, dar la espalda a quienes habitan en la periferia de los derechos humanos. El transfeminicidio no es un evento aislado; es el último eslabón de una cadena de omisiones institucionales.

El Amparo en Revisión 180/2022 surge de una tragedia en las calles de la Ciudad de México. Una mujer trans de apenas 24 años, cuya vida fue truncada por el odio, se convirtió en el punto de partida de una batalla legal que hoy sacude los cimientos de la administración de justicia. No mencionamos su nombre para centrar el debate en el precedente legal que su caso ha forjado para miles de personas en situación similar.

La víctima, además de su identidad de género, se encontraba en una intersección de vulnerabilidades: era trabajadora sexual. Esta condición, lejos de activar protocolos de protección reforzada, fue utilizada por las autoridades para deshumanizar el proceso de investigación desde su inicio, perpetuando el estigma que condena a estas comunidades al olvido jurídico.

Durante la integración de la carpeta de investigación, la entonces Procuraduría cometió errores que no pueden calificarse de simples descuidos. Se trató de una violación grave a los derechos humanos con matices de género. La falta de diligencia no fue solo técnica, sino ideológica; se investigó bajo el velo del prejuicio y la discriminación activa de los agentes encargados de procurar justicia.

La sentencia que hoy analizamos es contundente al señalar que las autoridades no solo fallaron en la búsqueda de la verdad, sino que se convirtieron en agresores. Al ignorar la identidad de la víctima y de su círculo cercano, el Estado Mexicano violó el Artículo 1º de la Constitución Política, que prohíbe toda discriminación motivada por la identidad de género u orientaciones sexuales.

Es imperativo cuestionar cómo es posible que, frente a un crimen de odio, la respuesta institucional sea el maltrato hacia los testigos y familiares. La falta de atención psicológica de emergencia y la obstrucción de derechos básicos para la recuperación del cuerpo de la víctima evidencian una estructura institucional que aún respira una cultura de exclusión y violencia.

Uno de los puntos más revolucionarios de esta sentencia es el análisis sobre el uso del lenguaje. El Poder Judicial Federal reconoce que el lenguaje no es neutral. Cuando un juez de distrito utiliza términos incorrectos para referirse a la identidad de género, no solo comete un error gramatical, está ejerciendo violencia institucional y revictimizando a la persona en el mismo acto que debería protegerla.

La sentencia subraya que el género es performativo y que la identidad humana se basa en la autopercepción interna. Obligar a una persona trans a "corregir" su sexo o referirse a ella en términos masculinos cuando su identidad es femenina, es una anulación de su personalidad jurídica, protegida por los estándares internacionales y nuestra propia Carta Magna.

El análisis del tribunal colegiado es un recordatorio de que las y los operadores de justicia tienen el deber indispensable de juzgar con perspectiva de género. Esto implica erradicar estereotipos y roles sociales que históricamente han subordinado a las mujeres y a las personas con identidades no binarias en el acceso a la justicia pronta y expedita.

Este caso demuestra que la justicia en México ha sido, durante décadas, una justicia selectiva. El uso de expresiones peyorativas por parte del personal ministerial hacia la víctima y sus compañeras es una prueba de la deshumanización estructural que esta sentencia busca, finalmente, comenzar a desmantelar.

La sentencia marca un hito al aplicar la suplencia de la queja bajo una visión de interseccionalidad. El tribunal reconoció que la víctima no solo enfrentaba discriminación por su identidad de género, sino también por su ocupación y situación económica. Esta protección reforzada, fundamentada en el Artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, es una herramienta vital para equilibrar la balanza frente a grupos marginados.

Es doloroso leer en el expediente cómo los agentes del Estado utilizaron prejuicios para invalidar la calidad de víctima. La asimetría de poder fue evidente: mientras la autoridad omitía pasos básicos en la investigación, la comunidad trans era estigmatizada. El fallo es claro: el Estado debe realizar ajustes razonables para garantizar el acceso a la justicia.

La justicia mexicana suele ser ciega a las realidades de la periferia. Sin embargo, este precedente obliga a los juzgadores a mirar más allá de lo evidente y analizar el contexto de violencia estructural. No se puede juzgar un transfeminicidio con la misma métrica que un delito ordinario cuando existen patrones de odio y omisiones sistemáticas.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia social en este caso es la reparación económica inicial. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) pretendía saldar la deuda con 100.000 pesos por daño moral. Esta cifra no solo era insuficiente, sino insultante frente a la gravedad de los hechos y la violación a la integridad psicológica.

El tribunal colegiado decidió recuantificar el daño. Al amparo del Artículo 1º constitucional, la indemnización por daño moral se elevó a 2.5 millones de pesos. Este cambio no es solo monetario; es un reconocimiento simbólico de que la dignidad de una mujer trans trabajadora sexual tiene el mismo valor que la de cualquier otro ciudadano.

La sentencia subraya que el daño inmaterial no puede medirse con "topes" o tarifas mínimas. Al ser el Estado el responsable por su actividad administrativa irregular, la compensación debe ser proporcional a la gravedad. Minimizar el dolor de las víctimas es una forma de revictimización que el sistema ya no puede permitirse.

En un análisis económico sin precedentes, la sentencia aborda el lucro cesante. Originalmente, las autoridades pretendían usar el salario mínimo como base. Este criterio ignora la realidad del trabajo sexual en México, condenando a las víctimas a una doble exclusión: la social y la financiera tras la agresión.

El fallo integra estadísticas del Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred), reconociendo que el ingreso real en el sector informal suele ser superior. Al fijar el ingreso semanal en 5.000 pesos, el Poder Judicial dignifica la actividad de la víctima y reconoce que su falta de empleo posterior fue por el riesgo elevado derivado de la negligencia estatal.

El cálculo final por lucro cesante ascendió a más de 1.7 millones de pesos. Este monto refleja el impacto de la violencia en el sustento diario. La seguridad de la víctima se vio comprometida al ser testigo de un crimen, y el Estado falló en brindarle las medidas de protección oportunas.

Este enfoque protege el Artículo 123 de la Constitución, extendiendo la visión de los derechos laborales a quienes operan en la informalidad. La reparación integral debe buscar que la víctima recupere la posición financiera que tendría si el daño no hubiera ocurrido, eliminando barreras que perpetúan la vulnerabilidad.

La sentencia aborda también el proyecto de vida. El tribunal reconoció que la víctima transitó del trabajo sexual hacia el activismo y la defensa de la comunidad LGBTTTIQ+. Esta transición es un acto de resiliencia que el Estado debe proteger mediante medidas de satisfacción que reconozcan su labor comunitaria.

El fallo determina que la reparación debe ser transformadora. No se trata solo de volver al estado previo, sino de garantizar que las secuelas del impacto psicoemocional no impidan el desarrollo futuro. Por ello, se ordenó un tratamiento médico y psicológico de carácter indefinido, rompiendo con la práctica de limitarlos a un solo año.

Un obstáculo histórico en México ha sido la "cultura procesalista", donde se priorizan los formalismos sobre la solución del fondo. Esta sentencia invoca el Artículo 17 constitucional para recordar que la justicia debe ser completa. El tribunal colegiado corrigió las omisiones para evitar un retardo injustificado en la administración de justicia.

La facultad de los jueces federales para recuantificar montos es un pilar de este precedente. El fallo aclara que el juicio de amparo es la vía legítima para revisar si las compensaciones son apegadas a los estándares internacionales. El Poder Judicial tiene el deber constitucional de intervenir para garantizar una justa indemnización.

El contexto nacional es alarmante: México ha ocupado la cuarta tasa más alta de impunidad a nivel mundial. El caso de la víctima es el reflejo de una fiscalía general de Justicia que revictimizó a los testigos y permitió que el agresor permaneciera libre por deficiencias en la investigación inicial.

La política del Estado, plasmada en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, reconoce la deuda con las víctimas de violencia feminicida. Sin embargo, esto queda en letra muerta si las autoridades no asumen su posición de garante. La sentencia exige reorientar el sistema de atención a víctimas como un instrumento real de reparación integral.

Para evitar que este caso sea sólo una estadística, la sentencia enfatiza las garantías de no repetición. Esto incluye revisar el marco normativo para no criminalizar la identidad de género e implementar capacitación permanente. El objetivo es erradicar la transfobia desde la raíz de las instituciones de procuración de justicia.

El uso de protocolos especializados para personas LGBTIQ+ no debe ser opcional. La negligencia documentada evidencia que la existencia de normas no garantiza su aplicación. Se requiere un cambio cultural profundo en el servicio público que reconozca la dignidad intrínseca de todas las personas, sin distinción.

El Amparo en Revisión 180/2022 se erige como un faro en la oscuridad de la justicia administrativa. Al reconocer el valor de la vida de una mujer trans, el tribunal envía un mensaje: el Estado no puede ser el segundo agresor. La reparación integral es una obligación ineludible bajo el Artículo 1º constitucional.

Este precedente debe guiar a todos los juzgadores del país. La verdadera justicia comienza cuando las instituciones aprenden a pronunciar el nombre de la dignidad por encima del prejuicio. México tiene la oportunidad de transitar de una justicia de papel a una realidad donde la identidad no sea motivo de exclusión ante la ley.

CHIAPAS RECLAMA Y BLINDA SU CHARRERÍA / MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 8 de Marzo de 2026 a las 8:55pm

TENEJAPA, CHIAPAS . En un fallo histórico que fortalece el federalismo cultural en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció a la facultad constitucional del Estado de Hidalgo, para declarar a la Charrería, como Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta resolución, dictada el 26 de febrero de 2026, pone fin a la controversia sobre quién tiene la competencia para proteger las tradiciones que dan identidad a las regiones del país.

EL FALLO EN TERRITORIO CHIAPANECO

Durante una Sesión Extraordinaria, celebrada en el Municipio de Tenejapa, Chiapas, el Pleno de la Corte analizó la Controversia Constitucional 200 2024. El fondo del asunto radicaba en determinar si el Congreso de Hidalgo había invadido facultades federales, al emitir una declaratoria local sobre una práctica que también tiene relevancia nacional e internacional. La determinación de los ministros, validó el inciso f del artículo 30, fracción I, de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo, reafirmando que las entidades federativas tienen plena libertad para salvar sus expresiones más profundas.

PATRIMONIO MATERIAL VERSUS INMATERIAL: LA CLAVE JURÍDICA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una distinción técnica, fundamental basada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que el patrimonio material, como zonas arqueológicas o monumentos históricos, es competencia exclusiva de la Federación, el patrimonio inmaterial se rige por un esquema de facultades concurrentes. Esto significa que, tanto la Federación como los Estados y Municipios, deben trabajar de forma coordinada. La Corte subrayó que no existe un monopolio federal sobre las prácticas, expresiones y saberes que las comunidades viven en su cotidianidad.

IDENTIDAD LOCAL Y AUTONOMÍA

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia, es el reconocimiento de que las comunidades y autoridades locales, son las mejor posicionadas para identificar su patrimonio. Al ser quienes viven y transmiten estas tradiciones, tienen el derecho legítimo de reconocerlas como propias en sus legislaciones locales. El tribunal precisó que, aunque la Charrería es un símbolo nacional, esto no impide que un estado como Hidalgo la asuma como un pilar de su identidad específica. Se comparó este fenómeno con el maíz o ciertas festividades: pueden pertenecer a toda la nación y, simultáneamente, ser una manifestación profundamente arraigada en una región que merece protección local.

IMPACTO DE LA RESOLUCIÓN

Con esta decisión, la Corte reafirma que las legislaturas estatales pueden actuar, siempre que respeten las bases de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. La validación de esta norma, asegura que Hidalgo pueda seguir implementando políticas de salvaguardia y promoción de la charrería, sin temor a invasiones competenciales.

DERECHO A LA PROPIA IMAGEN: UN BLINDAJE JUDICIAL FRENTE AL LUCRO COMERCIAL / MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 23 de Febrero de 2026 a las 8:28pm

El panorama legal en México para los medios de comunicación y las agencias de marketing ha experimentado una transformación definitiva tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una sesión histórica celebrada el 23 de febrero de 2026, el Pleno del Máximo Tribunal estableció límites claros y contundentes sobre el uso de la imagen de las personas con fines lucrativos.

Esta determinación surge del Amparo Directo en Revisión 2808/2025, un caso que pone en el centro de la discusión el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Para quienes operan en la industria de la comunicación, esta sentencia no es solo un precedente judicial, sino una hoja de ruta obligatoria para evitar sanciones administrativas millonarias.

El origen del conflicto se remonta a una sanción impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra un medio de comunicación. La autoridad detectó que la empresa utilizó el retrato de una persona para promocionar una serie de televisión sin contar con su consentimiento expreso.

Dicha conducta fue considerada como una infracción administrativa bajo el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). La multa aplicada ascendió a 5.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una carga financiera considerable para cualquier organización.

La empresa afectada buscó el amparo de la justicia federal, argumentando que la ley no establecía un plazo claro para que la autoridad iniciara el procedimiento sancionador. Este argumento pretendía señalar una violación al principio de seguridad jurídica que rige los actos de autoridad en México.

Sin embargo, la SCJN fue tajante al señalar que la falta de un plazo específico en la LFDA no genera incertidumbre. El tribunal determinó que, ante la ausencia de una regla especial, debe aplicarse de forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Bajo este marco, la facultad de la autoridad para sancionar infracciones prescribe en un término de cinco años. Este criterio otorga al IMPI un margen amplio para investigar y sancionar el uso indebido de imágenes que ocurra en campañas publicitarias o contenidos mediáticos.

El núcleo de la resolución analizó la constitucionalidad del artículo 87 de la LFDA. Este precepto establece una regla general: el retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso. Esta regla busca proteger la soberanía que cada individuo tiene sobre su propia identidad visual.

Existen excepciones muy puntuales en la ley, como cuando el retrato es parte menor de un conjunto o cuando la fotografía es tomada en un lugar público con fines informativos. La empresa demandante intentó ampararse en este último supuesto para justificar el uso de la imagen sin autorización.

No obstante, la Corte precisó que la excepción de "lugar público" no es un cheque en blanco para las empresas. Para que esta excepción sea válida, la difusión de la imagen debe estar vinculada estrictamente a fines informativos o periodísticos que aporten valor al debate democrático.

En el caso analizado, la SCJN detectó que el uso de la imagen tenía un propósito predominantemente promocional y comercial. Al existir un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, la protección del derecho a la propia imagen prevalece sobre el interés comercial del medio.

Para los dueños de agencias de marketing, este fallo subraya la importancia de la gestión de derechos de imagen. El uso de "stock" fotográfico o imágenes capturadas en eventos públicos para fines de lucro requiere ahora una revisión legal mucho más rigurosa para evitar contingencias.

La resolución enfatiza que la exigencia de consentimiento obedece a una protección reforzada del derecho a la intimidad. No importa si la fotografía se tomó en una calle concurrida; si esa imagen se utiliza para vender un producto o servicio, el consentimiento se vuelve indispensable.

El tribunal aclaró que los límites a la privacidad solo son válidos cuando atienden a una cuestión de interés público real. Si la difusión de la imagen no contribuye a la vida comunitaria o a informar sobre un hecho de relevancia social, el lucro no puede justificar la afectación al individuo.

Este criterio protege especialmente a los ciudadanos frente a la explotación económica de sus rasgos físicos por parte de grandes corporativos o medios de comunicación. La dignidad humana se coloca por encima de las estrategias de mercadotecnia que buscan capitalizar la imagen ajena.

Otro aspecto relevante de la sentencia es la confirmación de la validez de las sanciones administrativas en materia de comercio. El artículo 231 de la LFDA es constitucional porque busca inhibir prácticas que vulneran los derechos de autor y los derechos conexos, incluyendo la imagen personal.

La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya había confirmado previamente la legalidad de la multa. Con la negativa del amparo por parte de la SCJN, el criterio queda firme y se convierte en una directriz para todos los tribunales del país.

Para el público general, este avance jurídico representa una victoria en la defensa de sus derechos personales. Ahora existe una mayor certeza de que cualquier uso comercial de su rostro sin permiso puede ser denunciado y sancionado ante las autoridades correspondientes.

Las empresas de comunicación deben actualizar sus protocolos de producción de contenido. La distinción entre un contenido editorial (informativo) y un contenido publicitario (lucrativo) debe ser nítida para evitar caer en el supuesto de infracción administrativa.

Incluso el lucro indirecto es sancionable. Esto significa que, si la imagen se utiliza para atraer tráfico a un sitio web que genera ingresos por publicidad, o para fortalecer el "branding" de una marca, se está incurriendo en una explotación económica no consentida.

La SCJN recordó que el derecho a la imagen es un derecho fundamental que permite a las personas decidir qué aspectos de su figura pueden ser mostrados a terceros. Es una extensión de la libertad individual y del libre desarrollo de la personalidad en el ámbito social.

La resolución también sirve como advertencia para el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales que manipulan o utilizan retratos reales para generar publicidad. Si la base es la imagen de una persona física identificable, el consentimiento sigue siendo el requisito de oro.

En términos de cumplimiento legal (compliance), las agencias deben integrar contratos de cesión de derechos de imagen en todos sus procesos creativos. El consentimiento debe ser expreso, preferentemente por escrito, y detallar los fines y el tiempo de uso del retrato.

La multa de 5,000 UMA aplicada en este caso específico es solo una muestra de la severidad con la que el IMPI puede actuar. Dependiendo de la gravedad y la reincidencia, las sanciones podrían escalar, afectando la estabilidad financiera y la reputación de las empresas involucradas.

Es fundamental entender que la protección de la imagen no se pierde por el simple hecho de estar en la vía pública. El espacio público permite la convivencia, pero no anula la propiedad personal sobre la identidad visual cuando se cruza la línea hacia la explotación económica.

La Suprema Corte ha enviado un mensaje claro: el mercado no puede estar por encima de los derechos humanos. Esta visión garantiza que México avance hacia un entorno digital y publicitario más ético y respetuoso de la privacidad de sus ciudadanos.

La interpretación sistemática de la LFDA y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo realizada por la Corte cierra cualquier vacío legal sobre los tiempos de sanción. La autoridad tiene cinco años para actuar, un periodo suficiente para que los afectados detecten y denuncien el uso indebido.

Los medios de comunicación deben ser especialmente cuidadosos con sus archivos históricos. Reutilizar imágenes de reportajes antiguos para fines promocionales de nuevos programas o servicios podría activar una infracción si no se cuenta con la autorización para este nuevo uso comercial.

Este fallo refuerza la labor del IMPI como un regulador activo en la protección de los derechos de imagen en el comercio. Su capacidad sancionadora ahora cuenta con el respaldo total del máximo tribunal constitucional de la nación.

La sentencia del Pleno analizó profundamente la función del retrato en la sociedad contemporánea. Se reconoció que la imagen es uno de los bienes más preciados del individuo en una era donde la información visual circula a velocidades sin precedentes.

El Amparo Directo en Revisión 2808/2025 marcará un antes y un después en los litigios de propiedad intelectual en México. Las empresas que busquen impugnar multas similares tendrán ahora una barrera jurídica muy difícil de superar si no demuestran el consentimiento del retratado.

La resolución también establece un estándar para los creadores de contenido independientes y "influencers". La profesionalización de estos sectores implica entender que la imagen ajena no es un recurso gratuito, sino un derecho protegido por la ley federal.

Como conclusión, este hito judicial de 2026 obliga a una profunda reflexión sobre cómo se construye la narrativa comercial en México. La creatividad debe ir de la mano con la legalidad y el respeto a la esfera privada de cada individuo que compone la sociedad.

La protección del derecho a la propia imagen es, en última instancia, la protección de la libertad. Al garantizar que nadie pueda lucrar con nuestro rostro sin nuestro permiso, la SCJN asegura que cada mexicano sea el único dueño de su representación ante el mundo.

Este artículo se ha redactado con el objetivo de informar y alertar a los sectores involucrados. El cumplimiento normativo no es opcional, y la interpretación de la Suprema Corte ha dejado claro que el costo de ignorar el consentimiento expreso será, invariablemente, la sanción administrativa.

Se recomienda a las empresas realizar auditorías de sus materiales vigentes y ajustar sus contratos de prestación de servicios para incluir cláusulas de responsabilidad sobre derechos de imagen. La prevención es la mejor estrategia frente a este nuevo estándar de protección judicial.

Finalmente, es vital mantenerse informado sobre las actualizaciones del Diario Oficial de la Federación y los criterios emitidos por los tribunales especializados para adaptar las estrategias de comunicación al marco legal vigente en nuestro país.

Acceso a la Justicia y Prórroga de Competencia: El nuevo paradigma de la SCJN en seguros de gastos médicos y discapacidad / MÉXICO

Publicado por Dr. Guillermo Robertson Andrade el 5 de Febrero de 2026 a las 7:36pm

POR EL DHC GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE

La reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 1955/2023 marca un hito fundamental para la judicatura mexicana. Este fallo redefine la interacción entre el Derecho Mercantil y la perspectiva de derechos humanos, especialmente en casos que involucran a la niñez con discapacidad y la negativa de coberturas de seguros. El núcleo de la controversia se centró en la imposibilidad procesal que enfrentan los justiciables cuando las instituciones de seguros incumplen contratos que protegen la salud de menores. Históricamente, el formalismo jurídico ha sido una barrera infranqueable, pero este criterio establece que la eficacia de los derechos fundamentales debe prevalecer sobre las reglas estrictas de competencia.

DESGARRADORA HISTORIA

Los hechos que originaron este precedente derivan de una madre que contrató un seguro de gastos médicos mayores. Dicha póliza preveía expresamente la cobertura de padecimientos congénitos para su futuro hijo. No obstante, tras el nacimiento y el diagnóstico de hipoacusia profunda bilateral, la aseguradora negó sistemáticamente el pago de un implante coclear y los tratamientos necesarios. Ante la negativa, la familia inició un juicio oral mercantil reclamando el cumplimiento del contrato y una indemnización por daño moral debido a la discriminación sufrida por el menor. Sin embargo, la justicia de primera instancia y un tribunal colegiado confirmaron el desechamiento de la demanda, bajo el argumento de que el daño moral es de cuantía indeterminada.

LOS DE SIEMPRE

Este desechamiento dejó a la familia en un estado de indefensión técnica. El juzgador original se declaró incompetente alegando que la naturaleza civil del daño moral no podía mezclarse con la naturaleza mercantil del contrato de seguro en un procedimiento oral, obligando a los actores a separar sus pretensiones y acudir a distintas vías procesales.

SUPREMO PODER

La Suprema Corte, al analizar el asunto, determinó que esta visión fragmentada de la justicia vulnera el derecho al acceso efectivo a la jurisdicción. El tribunal constitucional enfatizó que, cuando el daño moral deriva directamente del incumplimiento de un contrato mercantil, no existe razón válida para obligar al justiciable a litigar en dos frentes distintos. Uno de los aportes técnicos más relevantes de la sentencia es la consolidación de la prórroga de competencia. La Corte estableció que la autoridad jurisdiccional mercantil debe atraer el conocimiento de las pretensiones civiles cuando estas son accesorias o derivan de la relación contractual mercantil principal, evitando así sentencias contradictorias.

MÁS CLARO…

En lugar de desechar la demanda por un error en la vía, el juzgador tiene ahora la obligación de reencauzar el procedimiento. La SCJN determinó que el asunto debe tramitarse en la vía ordinaria mercantil, conservando las actuaciones previas en la medida de lo posible para garantizar la celeridad que requieren los casos de salud. Este fallo introduce con fuerza la perspectiva de niñez y discapacidad en el ámbito del derecho procesal mercantil. La Corte fue enfática: el interés superior de la niñez no es un concepto abstracto, sino una directriz operativa que obliga a los jueces a eliminar cualquier barrera procesal que limite el acceso a la justicia.

La sentencia subraya que, en casos donde esté en juego la integridad de un menor con discapacidad, los jueces deben realizar los ajustes al procedimiento necesarios. Esto implica que la rigidez de las reglas de competencia debe ceder ante la necesidad urgente de garantizar el derecho a la salud y a una vida digna para el infante. El concepto de ajustes razonables en el proceso se vuelve obligatorio para los tribunales mercantiles. No se trata simplemente de aplicar la ley, sino de adaptar la estructura del juicio para que la condición de discapacidad del menor no se convierta en una desventaja adicional dentro de la litis o en un obstáculo insalvable.

ELLOS BRINCAN

Desde el punto de vista del Derecho de Seguros, este precedente es disruptivo. Las aseguradoras suelen ampararse en cláusulas de exclusión o tecnicismos procesales para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. Con esta resolución, se envía un mensaje claro sobre la responsabilidad social y jurídica de las instituciones financieras. La Corte determinó que el daño moral en materia de seguros no es una pretensión aislada, sino una consecuencia de la conducta discriminatoria o negligente de la empresa. Al permitir que se juzgue en la misma vía mercantil, se facilita la obtención de una reparación integral del daño para las víctimas de forma directa.

Para los juristas y litigantes, este criterio modifica la estrategia en el planteamiento de las demandas. Ya no es necesario fragmentar las acciones de cumplimiento de contrato y daño moral; la vía ordinaria mercantil se consolida como el cauce idóneo para resolver estas controversias de manera holística y eficiente.

TIENEN QUE CUMPLIR

La resolución también analiza la naturaleza de los padecimientos congénitos y su cobertura obligatoria. Al estar pactado en la póliza, el incumplimiento de la aseguradora no solo es una falta contractual, sino una violación que impacta directamente en el desarrollo y la autonomía del niño con discapacidad auditiva. La intervención del Pleno de la Corte el pasado 4 de febrero de 2026 reafirma que el Poder Judicial de la Federación ha transitado de un modelo de justicia formalista a un modelo de justicia sustantiva. El formalismo procesal no puede ser un pretexto para la impunidad de las empresas aseguradoras en México.

Este amparo directo en revisión también sirve de guía para los jueces locales y federales sobre cómo interpretar las excepciones de competencia. La economía procesal y la protección de los derechos humanos son ahora los ejes rectores que deben guiar la admisión de demandas en materia de contratos de seguros. La sentencia destaca que el desechamiento de una demanda en estos contextos es, en sí mismo, un acto de revictimización. Al obligar a una familia que ya enfrenta una crisis de salud a reiniciar un proceso legal desde cero, el sistema judicial estaba fallando en su función primordial de protección efectiva.

Por tanto, el reencauzamiento de la demanda se presenta como la solución más apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los jueces mercantiles tienen ahora la facultad y el deber de conocer sobre daños morales cuando estos se entrelazan con la relación comercial subyacente del seguro. La importancia de la hipoacusia profunda como diagnóstico en este caso resalta la urgencia de la intervención judicial. Un implante coclear es un procedimiento tiempo-dependiente; cada día de retraso procesal se traduce en una pérdida irreparable en el desarrollo del lenguaje y la integración social del menor.

MUY EN FIRME

La SCJN ha dejado claro que la perspectiva de discapacidad debe aplicarse desde la etapa de admisión de la demanda. No es un análisis que deba reservarse únicamente para la sentencia definitiva, sino una lente a través de la cual se deben evaluar todos los presupuestos procesales de la acción.

Este precedente impactará directamente en la forma en que los tribunales colegiados resuelven los conflictos de competencia. La regla de la vía ordinaria mercantil ante la concurrencia de acciones mercantiles y civiles derivadas de seguros será, a partir de ahora, la norma aplicable para proteger al justiciable. Para la academia jurídica, este caso representa un ejemplo perfecto de la constitucionalización del derecho privado. El contrato de seguro, aunque regido por leyes comerciales, no es un espacio exento de la observancia de los derechos humanos y la dignidad de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

La decisión de la Corte también pone de relieve la necesidad de que los jueces actúen con proactividad. En lugar de ser espectadores pasivos de los errores en la vía, el juzgador debe asumir un rol de garante, asegurando que el proceso cumpla su fin último de resolver el conflicto de fondo. Este análisis busca subrayar que estamos ante una de las sentencias más protectoras de los últimos años en materia de seguros y discapacidad. La técnica procesal ha sido puesta al servicio del ser humano, y no al revés, privilegiando el derecho a la salud sobre la rigidez.

AL FINAL DEL DÍA

Finalmente, el Amparo Directo en Revisión 1955/2023 se convierte en una herramienta indispensable para cualquier abogado que defienda los derechos de personas con discapacidad frente a grandes corporativos. La justicia mercantil en México ya no volverá a ser la misma tras este pronunciamiento histórico.

El mensaje para el sector asegurador es contundente: la negativa de cobertura en casos de niñez y discapacidad será analizada bajo los estándares más estrictos de protección constitucional. Las barreras procesales ya no servirán de escudo para evadir responsabilidades contractuales básicas y urgentes. Con este fallo, la Suprema Corte reafirma su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. La integración de la perspectiva de infancia en los juicios mercantiles es un paso adelante hacia un sistema de justicia verdaderamente inclusivo, humano y eficaz para todos.

Es deber de todos los operadores jurídicos difundir y aplicar este criterio para que ningún niño con discapacidad vuelva a ver negado su derecho a la salud por un tecnicismo procesal. La prórroga de competencia es hoy la llave que abre la puerta a una justicia real. La protección de la niñez mexicana exige un compromiso total de los juzgadores. Este precedente de la Suprema Corte es la base para una nueva era en el litigio de seguros, donde el centro de la decisión es la persona y sus derechos fundamentales inalienables.

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